Reflexiones sobre la litis por el Poder en el Perú
Reflections on
the Power Litigation in Peru
Christian Leonel Aspajo
Chávez[1]
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[Resumen]
En las últimas décadas, el Perú ha sido testigo de una
constante pugna por el poder político, protagonizada principalmente por los
distintos poderes del Estado. Este conflicto ha sido liderado por el Poder
Legislativo, que ha recurrido al
abuso de su autoridad y a la interpretación cuestionable de las normas y la
Constitución para desafiar al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial y a otras
instituciones del Estado que se alinean con ellos, especialmente cuando estos
se oponen a sus intereses. En este escenario, la ciudadanía se encuentra
profundamente dividida: un sector está agotado por la ingobernabilidad y el
desorden, otro se muestra indiferente, mientras que una parte sufre las
consecuencias directas de este conflicto. Como resultado, el sector más
afectado busca una solución innovadora que rompa con el modelo de la política
tradicional, la cual durante años ha abusado de la confianza del pueblo
peruano.
Palabras claves
Conflicto,
poder, ciudadanía, interés, solución, patria, Estado
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[Abstract]
In recent decades, Peru has
been immersed in a struggle for political power, with its main characters being
the powers of the State; conflict, led by the legislative power, which, through
the abusive use of its power and the treacherous exercise of the normative and
constitutional precepts, insults the Executive Branch and the Judicial Branch
and other organs and institutions of the State that follow those steps, that is , when it goes against their interests. In this context, we have a divided citizenry, one group that is fed
up with the current situation of ungovernability and
disorder, another that is indifferent and the last that suffers the direct
consequences of this conflict; Therefore, the affected class, as a victim of
these problems, seeks a new solution that breaks the mold of traditional
politics that for years has abused the trust of the Peruvian people.
Keywords
Conflict, power, citizenship, interest, solution, homeland, state
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Sumario:
I. Introducción
II. Objetivo
III. Metodología
IV. Principales Conclusiones
V. Análisis
VI. Conclusiones
VII. Bibliografía
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I. INTRODUCCIÓN
A
lo largo de las últimas tres décadas, el Perú ha sido escenario de un conflicto
constante entre el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y diversas
instituciones estatales que, de alguna manera, se ven involucradas o afectadas
por los intereses de dichos órganos. Este enfrentamiento no es una situación
nueva; de hecho, se trata de una práctica histórica en la política peruana, un
legado oscuro y distorsionado que tiene sus raíces en las diferencias profundas
entre las diversas corrientes políticas, que se remontan incluso a los primeros
años de la República (Luján, 2024).
Este
conflicto, sin embargo, genera una variedad de posiciones dentro de la
población peruana, que se percibe desde diferentes ángulos, dependiendo de su
contexto y situación personal. Algunos ciudadanos respaldarán las decisiones y
movimientos del Legislativo, al considerarlos un ejercicio legítimo de su
poder; otros, en cambio, los interpretarán como un uso excesivo y desmedido del
poder democrático, percibiéndolos como confrontaciones innecesarias con el
Ejecutivo y otras instituciones estatales. Por otro lado, una parte
significativa de la población permanece indiferente al desarrollo de estos
enfrentamientos, quizás por desinterés o desconfianza en la política.
Lo
que resulta innegable, sin embargo, es que existe un sector de la sociedad que
es el principal afectado por este conflicto latente: la población en situación
de pobreza y vulnerabilidad. En muchas ocasiones, debido a la falta de
educación y recursos, esta población es manipulada por ciertos sectores
políticos que buscan ganar su apoyo a cambio de promesas de empleo y mejoras en
la calidad de vida. Sin embargo, estas promesas rara vez se concretan y lo que
queda es una sensación de desesperanza y marginación.
La
pobreza extrema, una de las consecuencias más devastadoras de este conflicto,
tiene como uno de sus principales culpables a la corrupción y la mala gestión
de los recursos del Estado. En lugar de utilizar el erario nacional para
implementar políticas públicas que beneficien a la población, se observa una
administración ineficaz, marcada por el despilfarro y la desviación de fondos.
Los recursos destinados a sectores fundamentales como la educación, la salud o
la alimentación se malgastan o se redirigen hacia proyectos de beneficio
personal o populista, como bonos que, lejos de resolver los problemas
estructurales del país, buscan asegurar favores políticos a corto plazo (Merino
et al., 2020).
El
objetivo de este artículo es, por lo tanto, reflexionar sobre las causas y
consecuencias de este conflicto de poder, analizar sus posibles orígenes y,
finalmente, proponer, desde una perspectiva personal, una posible solución.
Esta solución debe nacer del cansancio y la esperanza de aquellos peruanos que
sueñan no con una patria utópica, sino con un gobierno equilibrado, cuyo único
fin sea el verdadero desarrollo del país y el bienestar de todos sus
ciudadanos.
II. OBJETIVO
El
objetivo de este artículo es analizar el concepto de poder y examinar cómo la
pugna por su control, tanto a nivel mundial como latinoamericano, ha impactado
el desarrollo adecuado de la democracia, con un enfoque particular en el caso
del Perú. Asimismo, se propone una alternativa de solución a la lucha de poder
entre el Poder Legislativo y los demás órganos del Estado.
III. METODOLOGÍA
Este
artículo tiene un enfoque no experimental, ya que no se llevarán a cabo
manipulaciones de variables. La investigación se centra en la observación de
diversos fenómenos para su posterior análisis. Se aplica un enfoque
cualitativo, en el cual la recolección y el análisis de datos son herramientas
clave para afinar los fundamentos de la investigación, identificar las
cuestiones más relevantes y, finalmente, ofrecer un análisis detallado de los
hechos.
IV. PRINCIPALES
CONCLUSIONES
4.1. A nivel mundial e histórico, se observa un conflicto
constante en el ser humano por el poder, el cual ha provocado, de manera
particular y con características propias, el caos y el desgobierno en diversos
países latinoamericanos.
4.2. El Perú, un país con una historia marcada por conflictos,
no es ajeno a este fenómeno. Actualmente, se evidencia en la lucha por el poder
político entre el Legislativo y los otros poderes del Estado o instituciones,
lo cual ha generado corrupción y un creciente descontento entre la ciudadanía.
4.3. Es necesario un cambio. Se debe generar conciencia y
preparar a una nueva generación capaz de promover una transformación en el
Perú, en lo que respecta a la relación entre los poderes del Estado y el
fortalecimiento de la democracia.
V. ANÁLISIS
5.1. La teoría del poder y la separación de poder
Hobbes
desarrolla el concepto de poder a partir de la necesidad de fundamentar su idea
ética y política, buscando una base concreta sobre la cual establecer los
presupuestos normativos del Estado. En su visión, el poder se entiende como la
predisposición del ser humano a obtener el máximo beneficio de los medios a su
disposición, con el fin de asegurar su bienestar futuro. Asimismo, Hobbes
señala que el mayor poder humano se alcanza cuando se une el poder de varios
individuos en un consenso mutuo, lo que da lugar al poder del Estado. Este
poder es, por tanto, dependiente de la voluntad de los hombres, quienes pueden
organizarse en grupos o varios de estos unidos por un único propósito (Plata,
2006).
En
este contexto, el poder se define como la facultad del ser humano para
emprender diversas acciones en beneficio propio. Hobbes establece una
distinción entre el poder individual y el poder grupal, que emerge de un
acuerdo o pacto entre los hombres con el fin de que un grupo, o incluso uno
solo, asuma la responsabilidad de velar por los intereses del colectivo,
proporcionando protección y justicia frente a amenazas o peligros específicos.
Siguiendo esta línea de pensamiento, Montesquieu, en su
teoría de la separación de poderes del Estado, sostiene que la división
normativa de las funciones ejecutiva, legislativa y judicial solo limitará el
ejercicio arbitrario del poder y protegerá la libertad y los derechos de los
ciudadanos si se complementa con otro principio fundamental: la distribución
social del poder. Este principio se basa en la premisa de que el poder político
debe ser repartido entre facciones con intereses y fines diversos, de modo que
ninguna de ellas pueda imponerse a las demás (Fuentes, 2011).
De
acuerdo con la teoría de Montesquieu, el poder político debe estar controlado y
limitado. Si el poder de legislar, administrar y ejercer justicia recayera en
un solo individuo o ente estatal, se generaría un comportamiento injusto e
imparcial. Por ello, es necesaria la distribución del poder para que el Estado
no solo garantice las libertades individuales, sino que también administre
correctamente los bienes públicos.
5.2. El Estado moderno y contemporáneo
La distribución de los Estados a nivel mundial tuvo su
origen durante la transición del feudalismo al capitalismo. Este proceso, que
se extendió a lo largo de varios siglos, implicó transformaciones
significativas en los ámbitos político, cultural, social y económico. Sin
embargo, estos cambios, por sí solos, no reflejan en su totalidad la
complejidad del proceso de consolidación de los Estados nacionales en Europa
Occidental durante los siglos XVI y XVII (Míguez,
2009).
En este contexto, los Estados modernos surgieron como
resultado de la concentración del poder político, impulsada por los soberanos
de la época. A través de acciones bélicas, estos monarcas procuraron establecer
un modelo de territorialización del poder político
que se distanciara tanto del Imperio Romano Germánico como de la Iglesia
Católica. Este modelo, además, contaba con la fuerza suficiente para someter
los poderes locales dentro de sus dominios. Así, puede afirmarse que el Estado
moderno nació como una entidad centralizada, que dio paso a la creación de un
orden social uniforme y culminó en la formación de las naciones, entendidas
como un modelos de unión social y vínculos de pertenencia (Silva, 2014).
Históricamente, este proceso de desarrollo social no solo
buscaba fomentar una identidad patriótica, sino también un sentido de
pertenencia a un grupo que garantizara una gestión adecuada del poder por parte
de sus líderes. Con el tiempo, este modelo se fue consolidando, dando lugar a
gobiernos más complejos, con estructuras y funciones adaptadas a la realidad
geográfica, política y cultural de cada nación.
5.3. Inestabilidad democrática en América Latina
Los
países latinoamericanos, como Ecuador, Chile, Bolivia, Colombia y Brasil,
enfrentaron en 2019 graves crisis de poder, lo cual generó amplios debates
sobre los regímenes políticos de estos Estados (Tapia, 2020). En el caso de
Ecuador, desde finales de 2014, el país ha atravesado un período difícil en los
ámbitos económico, político y social. Aunque la situación no fue tan extrema como
en otros países de la región, los graves problemas que enfrentó durante la
administración de Rafael Correa fueron en muchos casos superados. Sin embargo,
debido a las políticas progresistas, la mala gestión de la riqueza y la
corrupción generalizada, Ecuador se transformó en un país cada vez más
inseguro, cuyas condiciones no han mejorado (Cajas, 2018).
Un
ejemplo claro de esta crisis es el gobierno de Guillermo Lasso, quien, a pesar
de sus promesas de campaña, incumplió sus compromisos y continuó con las
políticas de su predecesor. Esto no solo agudizó la inseguridad en el país,
sino que también afectó áreas clave como la salud, la educación y otros
sectores sociales. La situación empeoró aún más con la emisión del Decreto
Ejecutivo 741, en el cual el gobierno alegaba una «grave crisis política y
conmoción interna», conocido como la «Muerte Cruzada». Esta medida no solo
generó un amplio descontento entre los ciudadanos, sino también entre los
estudiantes universitarios, quienes salieron a las calles a protestar contra la
disolución de la Asamblea Nacional y la militarización del Palacio Legislativo.
En
cuanto al nivel de democratización en América Latina, en 2002 se situaba en
0,93 en una escala de 0,01 a 1,0 (PNUD, 2004), lo cual reflejaba una mayor
volatilidad electoral y una fragmentación partidaria considerable. Este
fenómeno se corroboró con un elevado número de partidos políticos, que
alcanzaba un promedio de 4,81 partidos reales por país (PNUD, 2004a, p. 64; Villafranco, 2005).
La
debilitación del sistema de partidos representa una amenaza para el marco
institucional de representación y entorpece el avance de leyes diseñadas para
reducir la brecha de información. Esto ocurre principalmente por tres razones:
1) los partidos representan los intereses de los votantes; 2) permiten la
participación en la formación de políticas nacionales, y 3) proporcionan
estabilidad al gobierno para implementar políticas nacionales. En consecuencia,
cuando el sistema de partidos pierde poder, estos tienen menos capacidad para
representar, participar e implementar políticas públicas, lo cual, finalmente,
impide la innovación y debilita la influencia de los medios de comunicación (Villafranco, 2005).
A
partir de esto, se puede inferir que el poder de los ciudadanos al ejercer su
derecho al voto es fundamental para que los partidos políticos puedan influir
en las decisiones del gobierno. Sin embargo, como señala el autor, cuando el
sistema de partidos pierde fuerza, afecta negativamente la democracia. A pesar
de ello, es una regla común que los partidos, en su mayoría, no representan
completamente los intereses de los votantes y, en ocasiones, sus decisiones no
logran establecer una estructura estable y beneficiosa para el país.
5.4. El conflicto de poder en el Perú
En
la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, el artículo 16
establece que «[u]na
sociedad en la que no esté establecida la garantía de los derechos, ni
determinada la separación de los poderes, carece de Constitución». Esto
significa que no existe una verdadera Constitución en aquellas sociedades que
no protejan los derechos fundamentales del hombre ni mantengan un balance de
poderes (Delgado et al., 2021).
De manera similar, el Informe de las Naciones Unidas de
2003 sobre el fortalecimiento del Estado de derecho en países que han sufrido
graves consecuencias por el conflicto armado resalta la importancia de este
principio. En dicho informe, el Secretario General de la ONU afirma que «todo
régimen democrático debe estar inspirado en el equilibrio de poderes para
evitar el despotismo y la arbitrariedad» (Delgado et al., 2021).
Por
tanto, como regla fundamental en un país democrático, debe prevalecer el
respeto entre los funcionarios encargados de las decisiones dentro de los
poderes del Estado. Esto implica no invadir el ámbito de competencia de otro
poder, ya que de lo contrario solo se generaría caos y desgobierno, cayendo en
la arbitrariedad y la corrupción del sistema.
En
este sentido, los sistemas presidenciales latinoamericanos se basaron
originalmente en el concepto de separación de poderes popularizado por el
modelo constitucional estadounidense de controles y contrapesos. A diferencia
de los esquemas de descentralización pura, donde ciertas funciones
gubernamentales se delegan a diferentes agentes, el modelo de controles y
contrapesos complementa la separación formal de poderes con dos elementos
adicionales. Primero, el sistema electoral promueve la representación de
diversos intereses en todas las ramas del gobierno. Segundo, la separación de
poderes permite que cada agente estatal bloquee las decisiones de otros sin
consenso. La idea central de este mecanismo es mantener la separación a través
del equilibrio (Negretto, 2003).
En
este contexto histórico, el Perú, desde su independencia en 1821, vivió
numerosos conflictos bélicos, particularmente por consolidar su independencia
de la corona española. A esta nueva etapa se sumó una herencia corrupta en las
instituciones creadas por la corona, un legado que no solo afectó la gestión de
la naciente República, sino también el incipiente desarrollo de los poderes del
Estado. Esta situación derivó en conflictos militares por el poder, guerras
civiles y disputas entre la clase aristocrática y dominante del país. El Perú
ha sido históricamente una nación de conflictos.
En
la actualidad, nuestra Constitución establece, en su artículo 43, que «el
equilibrio de poderes inspira el gobierno unitario peruano, el cual es
considerado una República democrática, social, independiente y soberana». Así,
nuestra carta magna consagra el principio de equilibrio de poderes, con el fin
de evitar la arbitrariedad y el autoritarismo.
Desde
2000 hasta 2022, el Perú ha sido escenario de una constante pugna entre los dos
principales poderes del Estado: el Congreso de la República y los presidentes
Alberto Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski, Martín
Vizcarra y Pedro Castillo, quienes fueron objeto de varios procedimientos de
vacancia presidencial (Bermúdez, 2020).
Entre
el 2000 y la fecha actual, el Congreso de la República ha intentado en varias
ocasiones declarar la vacancia del presidente, aunque aún no ha habido un
consenso claro sobre la interpretación del artículo 113, inciso 2, de la
Constitución de 1993 (Eguiguren, 2013).
En este contexto, el Perú ha vivido una crisis política y
social extrema debido a los constantes conflictos de poder entre las
instituciones del Estado, especialmente entre el Ejecutivo, representado por el
Gobierno Nacional, y el Legislativo, representado por el Congreso de la
República. Desde 2018, el país ha experimentado seis vacancias presidenciales,
afectando a tres presidentes diferentes, lo cual ha generado una situación de
ingobernabilidad. Este fenómeno debe evaluarse desde una perspectiva especial,
ya que los problemas políticos, sociales y económicos del Perú han superado los
principios constitucionales y parlamentarios establecidos (Barturén,
2022).
En
este marco, se puede inferir que el Poder Legislativo en el Perú se ha
convertido en uno de los factores más perjudiciales para el funcionamiento del
Estado. Recientemente, ha adoptado medidas que parecen diseñadas solo para su
propio beneficio, como la liberación de la CTS y las pensiones de las AFP;
acciones que, lejos de promover un crecimiento real o un cambio significativo
en la situación política y social, contribuyen poco al progreso del país.
5.5. La ciudadanía y su lugar en el conflicto de poder en el Perú
En
el Perú, desde hace varios años se venía gestando un contexto de corrupción y
falta de idoneidad moral y profesional, al cual se sumaba la falta de
legitimidad del Gobierno y un Congreso desprestigiado. A esto se añadía la
pérdida de credibilidad y autoridad moral por parte de miembros del Ministerio
Público, el Poder Judicial y la Junta Nacional de Justicia, todos ellos
envueltos en conflictos de corrupción y comportamientos que evidencian la falta
de compromiso con el bienestar de la Nación (Tapia, 2020).
En
este sentido, Tapia (2001) señala que la corrupción endémica en la
administración pública disminuye la participación ciudadana en los procesos
electorales y crea un caldo de cultivo para el desarrollo de nuevas formas de
populismo y clientelismo político, que a su vez restringen el acceso a los
servicios públicos.
Esta situación en el Perú demuestra que el conflicto de
poder generado por el Legislativo no solo trae consigo corrupción y pobreza,
sino que también frena la participación ciudadana en los asuntos políticos.
Mientras el Congreso mantenga el control del poder, será difícil que exista un
dinamismo político que involucre al pueblo, ya que, al tener en sus manos las
herramientas para manejar las leyes y el poder, los congresistas crean
obstáculos que dificultan la participación activa de la ciudadanía.
En
este contexto, en 2023, Caballero, citando a Gonzalo Banda, reconocido analista
y político arequipeño, señala que «[h]ay dos momentos
en los que a Lima le preocupa la radicalidad en las regiones y, especialmente,
en el sur: en elecciones y en protestas sociales».
Así,
la clase política peruana, que se presenta con una actitud prepotente, se
limita a destacar las necesidades del pueblo solo cuando les resulta
conveniente para tomar decisiones que beneficien a su partido o a ciertos
grupos de interés. En este escenario, el verdadero sentido de democracia se ve
opacado, y el país parece funcionar como una sociedad feudal, donde la
población espera los restos de la mesa de los poderosos para poder subsistir,
mientras estos disfrutan de una abundancia que el pueblo no tiene.
5.6. Una posible salida al conflicto de poder en el Perú
El
Poder Ejecutivo y el cuerpo legislativo deben ser conscientes de que la
animosidad entre ambos no solo perjudica la democracia, sino que también genera
efectos indeseados. El pueblo, harto de las demandas legítimas de soluciones
efectivas a los grandes problemas nacionales, observa cómo muchas veces estos
problemas son dejados de lado por intereses particulares (El Peruano, 2022).
El pueblo peruano, en todas sus clases sociales, está
tomando conciencia de la grave situación política que atraviesa el país. Desde
el campesinado hasta la clase media y aquellos con mayores estándares de vida,
todos pueden percatarse del abismo hacia el que se encamina el Perú. Nunca ha
sido tan urgente un cambio en el patrón de elección de autoridades, así como la
creación de nuevas formas de hacer política.
Para
entender las fuerzas que surgen entre las autoridades y los órganos
legislativos, es crucial comprender la naturaleza del gobierno. Aunque no se
refiere a los roles específicos de los dos poderes en una democracia, este
conocimiento resulta esencial para la interacción y relación entre el
presidente y los legisladores. Al igual que otros países latinoamericanos, el
Perú adoptó el sistema presidencialista influenciado por el modelo
estadounidense. Sin embargo, muchos académicos señalan los riesgos que los
sistemas presidenciales representan para el balance democrático. Conocer más a
fondo este sistema permite entender los problemas y el declive de la democracia
en el país (Zegarra, 2020).
El
Estado debe ser la solución para el desarrollo pacífico de la sociedad. Alguien
debe resolver los conflictos entre los individuos y grupos sociales y, para
ello, se otorga poder sobre ellos. Se confían al Estado las competencias
necesarias para mejorar la organización de los grupos dentro de sus fronteras y
abordar lo que hoy se reconoce como cuestiones públicas. Sin embargo, el Estado
no puede consentir conflictos internos entre sus partes. La Constitución
establece que el Estado es uno e indivisible y su gobierno es unificado. No obstante,
si el sistema está descentralizado, los partidos pueden caer en manos de
aquellos que, con objetivos distintos a la misión del Estado, provocan
conflictos y desestabilizan al gobierno (Trelles, 2016).
En
resumen, el sistema presidencialista presenta fallas e imperfecciones. La
multiplicidad de partidos, aunque contribuye a la pluralidad democrática, puede
jugar un papel negativo. En una gran mayoría dispersa de partidos, los
intereses personales pueden prevalecer sobre los del Estado, lo cual pone en
peligro la estabilidad del gobierno y la democracia.
Así
como la paralización en las trincheras de la Primera Guerra Mundial fue causada
por cambios tácticos y el uso de fuerzas especializadas (Sturmtruppen),
el estancamiento en la política peruana podría deberse a un cambio en los
métodos empleados. El gobierno parece estar mejor preparado que la oposición
para estos cambios, pues controla los recursos materiales, tiene el apoyo de un
grupo suficiente en el Congreso y cuenta con una red de apoyo internacional en
los gobiernos de izquierda del continente. En esta lucha por un gobierno sin
control, el Poder Ejecutivo tiene el derecho de predominar (Yrivarren,
2022).
Un
cambio de método y estrategia en la manera de enfrentar la crisis en el Perú,
según Yrivarren, debería surgir desde el mismo
Ejecutivo. Sin embargo, esta idea pierde fuerza cuando se observa que el
conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo impide un liderazgo claro en el
Ejecutivo, ya que cualquier decisión tomada por este afecta los intereses del
Legislativo, lo cual lleva a la activación de mecanismos para evitar que sus
planes sean bloqueados o alterados.
Desde
el punto de vista social, las tareas deben estar orientadas a mejorar el
desarrollo del país. Esto incluye reducir la desigualdad, mejorar la calidad de
la educación, el acceso a la salud y los servicios públicos, así como
implementar programas gubernamentales de apoyo a los sectores más vulnerables.
Es crucial trabajar en mejorar las condiciones de los hospitales, las escuelas
y las comisarías, y garantizar que tribunales y servicios públicos funcionen
dentro de un marco lógico y eficiente. El humanismo debe guiar estos esfuerzos,
sirviendo a las personas y promoviendo un país accesible a todos sus ciudadanos
(Campos, 2006).
En
este contexto, el Perú debe enfrentar la discriminación en todas sus formas. La
economía debe estar al servicio del pueblo, generando riqueza, aumentando los
ingresos y garantizando el pleno empleo mediante la inversión. Es recomendable
revisar el modelo de desarrollo de algunos países del sudeste asiático, que
combina estabilidad macroeconómica, prudencia fiscal, inversiones a largo plazo
y políticas de promoción de exportaciones. Una burocracia altamente calificada,
estructuras legales y regulatorias que fomenten la inversión privada, y una
reforma tributaria unificada liderada por el gobierno proporcionarán las reglas
claras necesarias para incentivar la inversión. Además, se deben abordar las
brechas de infraestructura, generar empleos y mejorar la calidad de vida para
que el Perú siga siendo competitivo a nivel global (Campos, 2006).
5.7. Una mesiánica alternativa de solución
El
término mesianismo se define como una doctrina vinculada al mesías o
como «confianza inmotivada o desmedida en un agente bienhechor que se espera»
(Real Academia Española, s.f.). En términos más sencillos, el mesianismo puede
entenderse como una idea humana de esperanza o anhelo hacia un líder dotado de
un poder superior o divino, cuya llegada promete generar un cambio positivo en
un contexto histórico determinado.
Esta
concepción ha evolucionado a lo largo del tiempo, con un origen claro en el
cristianismo primitivo, que se oponía tanto al judaísmo como al Imperio Romano,
y se manifestaba principalmente como una crítica a la dominación política y las
desigualdades sociales. En sus inicios, el mesianismo estuvo asociado con la
esperanza de un cambio radical y trascendental, como se observó en los
movimientos religiosos que surgieron en diversas partes del mundo durante la Edad
Media y la modernidad. Con el paso de los siglos, esta noción se diversificó,
incorporando no solo el anhelo de transformación espiritual, sino también el
deseo de alcanzar un futuro material ideal. En el siglo XX, el mesianismo cobró
nueva relevancia en el contexto de las crisis globales —como la amenaza
nuclear, las pandemias y el cambio climático— donde los avances científicos
fueron percibidos tanto como una fuente de progreso como un riesgo potencial
para la humanidad. Este resurgimiento del mesianismo llevó a una
reinterpretación de la idea tradicional de salvación, extendiéndola más allá de
las religiones tradicionales y desafiando las distinciones impuestas por el
pensamiento moderno. La integración de creencias y conocimientos científicos ha
dado lugar a nuevas formas de organización social y política que buscan
resolver problemas globales (Zárate Hernández, 2023).
En
el contexto nacional, el estudio de Luis Millones sobre el mesianismo andino
ofrece una visión reveladora sobre cómo las sociedades, ante situaciones de
crisis, buscan transformaciones profundas a través de la intervención de
fuerzas superiores. Millones analiza tres ejemplos clave: el taki onqoy de 1565,
el mito de Illapa de 1811 y la leyenda de Inkarrí de 1955. Estos fenómenos reflejan una esperanza
colectiva de cambio social impulsada por una fuerza trascendental. El taki onqoy, por
ejemplo, representó un rechazo a las influencias externas y un deseo de
restaurar los antiguos sistemas prehispánicos, mientras que la figura de Illapa en 1811 simbolizó la esperanza de superar la sequía
y las hambrunas mediante rituales ancestrales. La leyenda de Inkarrí, por su parte, expresó la esperanza en el regreso
del Inca para restaurar el orden perdido. Estos movimientos pueden verse como
respuestas a la crisis y a las injusticias sociales persistentes. De manera
similar, la crisis política actual en Perú, caracterizada por la inestabilidad
y la corrupción, ha llevado a diversos sectores de la población a buscar un
cambio radical y transformador en el sistema, con el fin de superar las
estructuras de desigualdad y corrupción. En este contexto, al igual que en los
movimientos mesiánicos del pasado, existe un deseo de «renacimiento», de
restaurar un orden social más justo que no solo resuelva los problemas
inmediatos, sino que también transforme estructuralmente el país hacia un
futuro más equitativo (Millones, 2020).
Así, el mesianismo surge como respuesta a crisis profundas
y aparentemente incontrolables, que generan un creciente descontento entre aquellos
afectados por las decisiones políticas y gubernamentales. A lo largo de la
historia, estas crisis han desencadenado movimientos de protesta y
levantamientos populares, como el éxodo de los judíos liderado por Moisés,
quien los liberó de la opresión egipcia, o el pacífico levantamiento de Mahatma
Gandhi contra el dominio británico en la India. Estos ejemplos ilustran cómo
situaciones de crisis insostenible y la resistencia popular suelen ser
catalizadores de la aparición de un mesías o del mesianismo, considerado como
la esperanza de un cambio radical en las estructuras de poder y opresión.
Entre
1980 y 2023, el Perú ha experimentado un total de 24 000 protestas sociales, lo
cual refleja una profunda y persistente conflictividad política y social en el
país. Estos eventos han sido analizados y sistematizados en el Observatorio
para la Democracia y Gobernabilidad, una plataforma académica creada por el
Área de Investigación e Incidencia de la Escuela de Gobierno y Políticas
Públicas de la PUCP. Según los datos recopilados, 2022 se destacó como el año
con mayor número de protestas, alcanzando un total de 1 015 manifestaciones,
siendo los bloqueos de carreteras la forma más común de expresión de
descontento. A lo largo de las décadas, las causas de las protestas han
variado, con un predominio de reclamos políticos desde la década de 1990,
desplazando a las demandas laborales. A pesar de que el Poder Ejecutivo ha sido
el principal receptor de las quejas, las empresas privadas también han sido
objeto de numerosas manifestaciones, evidenciando el creciente malestar social
(López, 2024).
Asimismo,
el Reporte de Conflictos Sociales N.º 242, correspondiente a abril de 2024,
revela que persiste un fuerte descontento hacia el gobierno, reflejado en el
aumento de los conflictos sociales, esto es, 208 conflictos registrados, de los
cuales 168 son activos. El informe destaca que las protestas continúan,
especialmente en las regiones de Loreto, Cusco, Puno y Apurímac, que concentran
el 40 % de los casos. Aunque la mayoría de los conflictos se encuentran en fase
de diálogo, también se reportan varios en escalamiento, lo cual indica un
creciente malestar con las políticas gubernamentales. El informe subraya que, a
pesar de los esfuerzos de mediación, las manifestaciones siguen siendo una
respuesta directa a las tensiones sociales, especialmente en temas socioambientales relacionados con la minería y la gestión
gubernamental. Este panorama refleja la inestabilidad política y la creciente
insatisfacción de la ciudadanía con las decisiones del gobierno (Defensoría del
Pueblo, 2024).
Por
tanto, con base en los datos analizados, la actual crisis política en el Perú
requiere mucha fe y actitud valiente, lo cual refleja la necesidad de las
personas de sostener la esperanza en un cambio estructural en medio de una
crisis social y política prolongada. El descontento generalizado y la constante
protesta social evidencian un profundo anhelo de transformación, similar al
mesianismo histórico, donde se busca una figura o fuerza capaz de restaurar el
orden perdido y superar la corrupción y la desigualdad. La «fe», en este caso,
simboliza la confianza en la posibilidad de un cambio radical, mientras que la
«actitud valiente» resalta el coraje necesario para enfrentar las injusticias y
participar activamente en la lucha por un futuro más equitativo, a pesar de los
riesgos y obstáculos.
En
ese sentido, es fundamental contar con una doctrina sólida que fomente la
conciencia crítica y no el fanatismo. En la actualidad, observamos partidos que
promueven ideologías carentes de fundamentos sólidos y sin una base académica
que ofrezca un camino hacia el progreso. A menudo, adoctrinan a los jóvenes con
pensamientos históricamente vinculados a crímenes de lesa humanidad,
secuestros, muertes y el robo de los recursos del Estado. Estos movimientos, en
su afán por aferrarse al poder, dejan tras de sí un legado de destrucción y
caos.
El
mesianismo, como búsqueda de un líder o líderes que promuevan la transformación
en tiempos de crisis, ha marcado momentos clave en la historia, como
resistencias a la opresión. En el Perú, las protestas actuales reflejan un
deseo de cambio radical ante la corrupción y la desigualdad, similar a
movimientos históricos. Así, el mesianismo contemporáneo busca un líder o
fuerza capaz de restaurar la justicia y transformar el sistema político y
social en el contexto nacional.
VI. CONCLUSIONES
6.1. Nuestra
querida patria, como lo evidencia la historia, ha heredado una dinámica
conflictiva en el ejercicio del poder político. Desde las luchas entre el
ejército español y el ejército libertador —pasando por las guerras civiles, la
guerra con Chile, las dictaduras y el terrorismo— hasta la actualidad, la pugna
por el poder entre el Congreso y otros órganos del Estado, o aquellas
instituciones que desafían sus intereses, ha sido el reflejo y los agentes
directos de un conflicto que solo ha provocado retroceso en un país que anhela
un desarrollo equilibrado y saludable.
6.2. A
pesar de haber existido múltiples alternativas para solucionar este conflicto a
lo largo de los años, la situación, especialmente en lo relacionado con el
ejercicio del poder, parece no mejorar. El Congreso de la República parece
legislar únicamente en favor de sus propios intereses, asignándose bonos y
beneficios económicos exorbitantes, mientras el Perú se hunde en el
analfabetismo, la desnutrición, la pobreza, el narcotráfico, la delincuencia
organizada, la inseguridad ciudadana, la discriminación y, sobre todo, en una
gran indiferencia hacia las poblaciones vulnerables. Estas son consecuencias
directas de una crisis que afecta al Estado. Como un ente abstracto, el Estado
tiene una estructura material que lo convierte en un organismo vivo que, al
igual que nuestro cuerpo físico, requiere de una alimentación sana, ejercicio y
pensamientos positivos para un crecimiento pleno e integral. La cabeza del
país, representada por los tres poderes del Estado —Legislativo, Ejecutivo y
Judicial—, no puede asegurar un desarrollo adecuado si estos no mantienen una
relación armónica y consensuada. De lo contrario, solo generarán enfermedades
en el cuerpo del Estado: corrupción en las instituciones, políticas públicas
ineficaces en los gobiernos regionales y locales, una gestión deficiente en
educación y salud, y un creciente descontento y desempleo entre la ciudadanía.
6.3. Los
partidos políticos, en su mayoría, se limitan a hacer promesas sobre un futuro
mejor, tales como mejorar la seguridad, generar empleo y gestionar
eficientemente los recursos. Sin embargo, estos discursos quedan en simples
palabras cuando la demagogia emerge tras ser elegidos, olvidándose por completo
de sus promesas de campaña. ¿Cómo podemos mejorar esta situación? ¿Es posible
generar un cambio social profundo en nuestro país? La respuesta es sí: es
necesario un despertar de la conciencia colectiva. Un cambio rotundo debe nacer
de la población misma, al entender que los partidos políticos tradicionales no
serán la solución. El intento de participar en este ciclo de promesas vacías
—donde se ofrece dinero, comida y otros bienes para conseguir votos— debe ser
erradicado de nuestra mentalidad. Se requiere un cambio que provenga fuera del
sistema político actual, una nueva forma de pensar y una doctrina sólida que
trace un camino hacia la esperanza y la mejora de las condiciones de vida de
nuestras familias. Un líder o un grupo de líderes con carácter firme, visión
clara y preparación, capaces de guiar al país por un camino distinto, es lo que
necesitamos.
6.4. El
mesianismo, como respuesta a las crisis sociales, políticas y económicas, ha
sido históricamente un reflejo del deseo de transformación radical ante la
opresión y la injusticia. En el contexto peruano actual, las protestas sociales
y el creciente malestar reflejan un anhelo de cambio profundo en un sistema
político marcado por la corrupción y la desigualdad, similar a los movimientos
mesiánicos del pasado. Sin embargo, para que este cambio sea real y sostenible,
no basta con esperar un líder mesiánico, sino que es necesario construir una
doctrina sólida que fomente una conciencia crítica y promueva una acción
política democrática, justa y transformadora. El desafío es evitar que el
mesianismo sea manipulado o se convierta en un caldo de cultivo para el
fanatismo, y, en su lugar, debe convertirse en una fuerza que impulse un cambio
estructural auténtico, a través de la creación de condiciones propicias para un
futuro más equitativo y democrático para el país.
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Recibido:
14-05-2024
Aprobado: 24-09-2024
[1] Abogado por la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana (UNAP) y estudiante de la maestría en Derecho con mención en Derecho Constitucional y Administrativo de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT). Código ORCID: 0009-0008-6664-2088. Correo electrónico: claspajoch@unitru.edu.pe