El legado democrático de Javier Valle-Riestra
Heriberto Benitez Rivas[1]
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Tuve el honor de trabajar ocho (8) años con él, y una vez me dijo que se sentía, un maestro sin alumnos, pero con discípulos; palabras que quedarán escritas con tinta indeleble.
Humildemente, me siento uno de ellos.
Pude aprender sus enseñanzas, asimilar sus explicaciones y seguir sus recomendaciones, siendo un colaborador cercano de sus labores o tareas profesionales, académicas y políticas.
JVR contribuyó en mi formación académica y profesional, facilitándome material bibliográfico y orientaciones jurídicas para elaborar mi tesis y obtener el grado académico de Bachiller en Derecho (1987) y me habilitó dos expedientes judiciales: uno sobre sobre acción de Amparo y otro sobre un importante proceso penal, con extradición incluida, para sustentarlos y obtener mi título profesional de Abogado, en la Universidad «San Martín de Porres» (1991). Tuve el honor de recibir mi medalla de Abogado, en el auditórium del Ilustre Colegio de Abogados de Lima (CAL) de manos de JVR, al lado de mi madre y padre.
Lo acompañé, en sus dos campañas políticas como postulante al Senado de la República, donde resultó electo, por las filas del Partido Aprista Peruano (APRA) y con muy buena votación preferencial. Fue un arduo trabajo político, no sólo para lograr votos de compañeros de Partido, sino de la población en general y a nivel nacional.
En 1985, me pidió que trabaje con él en la Cámara Alta.
Fue elegido presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, desempeñando su labor con un estilo de investigación imparcial, conocedor del tema, vehemente, buscando llegar a la verdad y luego, fue presidente de la Comisión Calificadora de Candidatos para el Tribunal de Garantías Constitucionales (TGC).
Fui testigo de sus importantes intervenciones en materia de derechos humanos, temas jurídicos, académicos y políticos, que generaban un amplio debate y donde siempre resultaba victorioso, porque se preparaba e incluso llevaba sus libros para sustentar su postura, logrando convencer a sus colegas para que respalden sus intervenciones y aprueben sus iniciativas legislativas, dictámenes e informes, tal como está registrado en el diario de los debates (1985-1992).
En aquella época no existían limitaciones, ni restricciones, en el tiempo, para el uso de la palabra en las sesiones plenarias del Senado de la República; no como ahora, que el Reglamento del Congreso impone tiempos limitados y no permite una adecuada deliberación.
Recuerdo, por citar algunas, su intervención al sustentar el informe final de las investigaciones sobre la matanza de 69 campesinos (mujeres, hombres y niños) ocurrida en la localidad de Accomarca-Llocllapampa (Ayacucho), en el tema de la estatización de la banca, en la acusación constitucional contra el ex jefe de Estado Alan García, entre otras de interés.
Los días que no sesionaban las comisiones que integraba, trabajamos en su Estudio viendo temas jurídicos, legales, políticos y legislativos, donde uno asimilaba el aprendizaje. En aquella época, sólo se usaba máquinas de escribir y JVR utilizaba un papel (tipo cartulina opalina) para redactar sus escritos, que cuando se entregaban en los juzgados, escribanías o tribunales, algunos secretarios se quejaban a sotto voce porque decían que el material era muy grueso y dificultaba a la hora de coser los expedientes judiciales.
En numerosas oportunidades cuando salía del Congreso, lo acompañaba al Estudio, caminando desde la Plaza Bolívar, por el jirón Junín, Plaza de Armas, jirón de la Unión, cruzábamos el Centro Cívico, Paseo Colón. Av. Wilson y Av. Arequipa hasta la cuadra tres, e íbamos conversando y apreciaba el saludo que mucha gente le demostraba en el camino. Llegando, su secretario le informaba lo sucedido, llamadas y sus visitas a juzgados o cortes, sobre seguimiento de expedientes judiciales; luego, veíamos si había algo pendiente, para resolverlo. JVR no era de dejar los temas para una fecha ulterior y cuando llamaba por teléfono fijo, siempre, lo primero que preguntaba era: «¿novedades?».
Una vez, entre las tantas conversaciones o tertulias que realizábamos, me dijo que defender los derechos humanos era una tarea complicada, difícil, dura, incomprendida y a veces solitaria; pero, había que resistir los embates o acometidas de los opositores o autoridades que desconocen lo que significa la protección de los derechos fundamentales. Debíamos seguir luchando para que nadie abuse de las mayorías desprotegidas, olvidadas y abandonadas. Una satisfacción profesional y un triunfo académico es lograr un habeas corpus fundado, porque está de por medio la libertad individual.
Asistí con JVR, en algunas oportunidades, al Poder Judicial (PJ) para escuchar sus informes orales, donde destacaba su brillante oratoria jurídica, explicando los hechos, las normas legales vigentes, la doctrina, legislación comparada, desarrollando la jurisprudencia nacional y supranacional que avalaba el caso que defendía y que resultaba aplicable al sub judice; le permitían desarrollar sus temas, le otorgaban el tiempo necesario.
El 15 de enero del 1985, estuve presente en el local del Tribunal de Garantías Constitucionales (Arequipa) cuando JVR sustentó su postura sobre los votos nulos y blancos; en aquella audiencia pública debatió y derrotó, jurídica y académicamente, al Diputado por Lima y abogado, Roberto Ramírez Del Villar, quien acudió en calidad de apoderado del Congreso de la República.
Posteriormente, tuve el gran reto de apoyarlo en la edición de varias de sus obras: «Tribunal de Garantías Constitucionales: caso de los votos nulos y blancos», «La Responsabilidad Constitucional del jefe de Estado», «Democracia Democrática y Derechos Humanos», «La Extradición. Principios, legislación y jurisprudencia» y en la difusión del opúsculo «La Incompatibilidad Constitucional».
Fue un arduo trabajo dirigido por JVR, con las exigencias necesarias, permanentes revisiones académicas y correcciones técnicas, hasta antes de la impresión.
En 1992, el maestro me pidió que realice un informe oral ante el Tribunal de Garantías Constitucionales (TGC), cuya sede funcionaba en Arequipa. Me entregó el material necesario para revisarlo y el fin de semana me tocó ir a trabajar a su Estudio. El lunes tenía que viajar; pero, el día anterior (domingo) cuando estaba terminando de elaborar el alegato, sonó el teléfono y él mismo JVR me comunicó que ya no había audiencia porque Alberto Fujimori había dado un golpe de Estado (05 de abril de 1992). En resumen: se quebró el orden constitucional y pulverizó la democracia. Guardé la documentación, cerré la oficina y me fui a mi domicilio.
Luego, continuaron las batallas jurídicas y legales, los combates democráticos para rescatar a nuestro país de la dictadura en la que habíamos caído; el llamado Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional convocó a un Congreso Constituyente Democrático (CCD), para dictar una Carta Política a su medida, sin respetar lo escrito en la Constitución de 1979.
En 1993, JVR me incorporó al equipo de abogados que él lideraba junto a Alberto Borea, actual juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (ex Diputado por Lima y ex Senador de la República), para defender a 33 militares, quienes junto con el general EP Jaime Salinas Sedó, intentaron recuperar la democracia (13 de noviembre de 1992); me correspondió el honor de asumir la defensa de siete (7) oficiales EP, ante la justicia militar (Sala de Guerra y Sala Revisora).
Fue una experiencia profesional que pude realizar gracias a la convocatoria y conducción de JVR, desarrollamos una defensa jurídico-constitucional contra los jueces castrenses, quienes pertenecían a Caballería, Artillería e Infantería, y adolecían de conocimientos legales. Hablábamos «idiomas» diferentes; en el fuero militar, había un criterio más disciplinado y vertical, que arrollaba los derechos fundamentales y no aplicaban los principios jurídicos. Aquellos magistrados castrenses, llegaban al extremo de «enojarse» cuando hacíamos citas en latín o se presentaba una acción de habeas corpus.
Ulteriormente, un puñado de aquellos oficiales del Ejército Peruano (EP) impulsó la creación de un movimiento político llamado N-13, integrado por varios de quienes fueron injustamente procesados por el fuero castrense y otros ciudadanos.
Por otro lado, es bueno recordar, que cuando JVR fue miembro de la Asamblea Constituyente (1978-1979) trabajó arduamente para lograr incorporar en la Carta Política, la importante creación del Tribunal de Garantías Constitucionales (TGC), por la desconfianza histórica que existe en el Poder Judicial, el desarrollo de las acciones de hábeas corpus y Amparo, la instancia supranacional y su permanente batalla por la defensa de los derechos humanos; lo cual merece un reconocimiento académico y jurídico, por el esfuerzo desplegado, el aporte de sus conocimientos para fortalecer el sistema democrático y proteger a toda la población.
Hoy en día, se llama Tribunal Constitucional (TC).
El nombre puede haber variado o cambiado mínimamente, pero la esencia y fortaleza de la Institución se mantiene intacta y cumple una destacada labor en defensa de los derechos fundamentales y del sistema democrático.
En 1997, hubo una temporada nefasta, cuando le arrebataron la independencia, y fue cuando el Congreso de la República destituyó, arbitrariamente, a tres (3) magistrados del Tribunal Constitucional (TC), quienes luego de una complicada batalla, pudieron retornar a sus cargos, debido a una sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
No podemos olvidar que JVR fue Regidor por Lima, Constituyente, Diputado por Lima, Senador de la República, Representante del Perú ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, Congresista de la República y, en algún momento, por breve término, presidente del Consejo de Ministros (PCM) donde, como él mismo dijo, trató de ingresar al vientre del gobierno de turno para democratizarlo, pero no pudo; su intención resulto estéril.
Fue, también, miembro de los Ilustres Colegios de Abogados de Lima y Madrid.
III
Acepté escribir esta pequeña semblanza respecto a mis experiencias y sobre lo vivido por mi persona, con quien siempre consideraré mi maestro, cuyas enseñanzas, junto a las de mi padre, me permiten ejercer mi profesión de Abogado y haber sido elegido dos veces Congresista de la República (2001-2006 y 2011-2016) y dedicarme a la defensa de los derechos humanos.
La responsabilidad, tenacidad y empeño que JVR le ponía a cada uno de sus casos judiciales era destacable; el tiempo de lectura (horas de vuelo como dirían los pilotos) y la cantidad de libros que adquiría cada vez que viajaba a España u otro país, enriquecían sus conocimientos y su biblioteca.
No se puede olvidar su afición por el ciclismo; tenía sus bicicletas de carrera, livianas y siempre salía en las mañanas con algunas personas o a veces sólo o con un auto que lo seguía para evitar algún accidente y recorría gran parte de la Costa Verde, subiendo el Morro Solar, Armendariz y otras vías en Magdalena; varias veces lo acompañé con mi bicicleta de media carrera y el esfuerzo era total, muy difícil seguir a su ritmo, pero ahí estábamos e íbamos conversando.
Finalmente, a JVR lo puedo describir como una excelente persona, brillante Abogado (destacado en materia constitucional y penal), magnifico orador, político honrado, demócrata a carta cabal, ardoroso defensor de los derechos humanos y deportista.
San Isidro, marzo del 2025.
[1] Abogado por la Universidad San Martín de Porres. Asesor jurisdiccional del Tribunal Constitucional. Código ORCID: 0009-0001-5895-8663. Correo electrónico: hbenitez@tc.gob.pe