Discurso de juramentación del Dr. Javier Alva Orlandini como presidente del Tribunal Constitucional

10 de diciembre de 2002

Señor presidente de la Corte Suprema de Justicia de Lima, Sr. presidente del Congreso de la República, Sr. presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, señores congresistas de la República, señores vocales de la Corte Suprema de Justicia, presidentes de las Cortes de Justicia de Lima y del Cono Norte, señores rectores de las universidades de la República, expresidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, señor expresidente de la República Dr. Alan García Pérez, Sr. ministro de Justicia, señores y señoras.

Es un momento crucial en la vida del Tribunal Constitucional de la República. Hace exactamente seis meses nos incorporamos al Tribunal cuatro magistrados elegidos en votación abrumadora por el soberano Congreso de la República. Hoy se cumplen también dos años de que fueron reincorporados al Tribunal tres magistrados que fueron arbitrariamente separados. Hoy día se cumplen 54 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y, por coincidencia, hoy también se cumplen 71 años en que se dictó la Constitución de la República Española en 1931, que incorporó el Tribunal de Garantías Constitucionales. Este es, por lo tanto, un día significativo y especial. En mi caso, he recibido la votación generosa y estimulante de los magistrados del Tribunal para que ejerza durante dos años, junto con el vicepresidente electo, Dr. Juan Bautista Bardelli, la dirección del Tribunal Constitucional, labor que cumpliré, sin duda alguna, con la colaboración de todos y cada uno de los magistrados, de los asesores jurisdiccionales y de los demás funcionarios del Tribunal. No ostento títulos académicos suficientes; soy un abogado que se tituló como tal hace casi 50 años. Durante mi vida universitaria fui combatiente contra la dictadura del Ochenio, desempeñé el cargo de secretario general del Centro Federado de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y debimos en 1952 afrontar una huelga para que la reforma universitaria llegara a las aulas de todo el país.

Mi posgrado lo recibí en la colonia penal El Frontón, en la cual estuve varios meses. Mi labor pública es conocida; he cesado en la militancia partidaria por imperativo de la ley, pero mantengo inalterables, inclaudicables, mis convicciones políticas democráticas. Soy en este Tribunal un soldado que defiende el imperio pleno de la Constitución y del Estado de derecho; por lo tanto, estaremos siempre dispuestos a brindar nuestro esfuerzo para que las sentencias que el Tribunal dicte estén ajustadas al derecho.

Hay una Constitución histórica que tiene su basamento en las bases de la Constitución peruana, aprobada por el Congreso y promulgada el 17 de diciembre de 1822, en la cual se delinea lo que debería ser la siguiente República. Después de esas bases hemos tenido otras varias constituciones: las de 1823, 1826, 1828, 1834, 1839, 1856, 1860, 1867, 1920, 1933, 1979 y la actual; a la actual hay que darle aún el nombre, con esfuerzo, de Constitución.

Mi vida pública es conocida, especialmente por quienes son mayores de edad, pero, dentro de esa vida pública, yo quiero destacar algunos hechos. Por mandato de quien ejerció la presidencia de la República en dos períodos, le correspondió elaborar el proyecto de ley de elecciones municipales que permitió al pueblo, el 15 de diciembre de 1963, las primeras elecciones municipales en el país con participación de hombres y mujeres; elaboré también el proyecto de ley de reforma electoral, en cuya virtud se estableció el escrutinio irrevisable de las mesas, la cédula única, los jurados electorales imparciales, la representación proporcional en el Congreso y luego en los municipios y, en general, elecciones dignas y cristalinas que, lamentablemente, no fueron tales en algunos momentos posteriores de nuestra vida republicana.

Estoy vinculado al derecho muy cercanamente; soy, posiblemente, en la historia del Perú el único peruano que ha tenido el honor insigne de presidir las comisiones remisoras del Código Civil de 1984, del Código Procesal Penal y del Código de Ejecución Penal de 1991, y, finalmente, del Código Procesal Civil de 1992. Esta es la intervención mía en lo que se refiere a legislación nacional.

Pero quiero ahora ocuparme de temas más vinculados al Tribunal, reiterando mi agradecimiento a los magistrados que me han dado su confianza y también me han colocado frente al reto de hacer este Tribunal, el cual tiene una sobrecarga que ha sido señalada muy precisamente en su discurso memoria por el presidente cesante, Dr. Guillermo Rey Terry, cuya labor yo quiero recalcar. Debemos hacer, en consecuencia, honor a ese reto y, por lo tanto, yo digo que las cifras y las alternativas que ha señalado el Dr. Rey Terry en su discurso memoria van a ser rebasadas. Vamos a terminar el año 2003 con los procedimientos que son de conocimiento del Tribunal Constitucional al día; para eso nos ha confiado el pueblo peruano, a través del Congreso, su confianza.

La vieja teoría de Kelsen respecto a que el Tribunal Constitucional es un legislador negativo está superada ya por la doctrina. El Tribunal puede expedir sentencias de diverso tipo: sentencias aditivas, sentencias imperativas, sentencias interpretativas, sentencias innovativas y sentencias manipulativas. Por eso es que no nos vamos a concretar a declarar que tal o cual ley es violatoria de la Constitución y, por lo tanto, debe ser expulsada del orden jurídico del país, sino que vamos a darle a las leyes que han sido cuestionadas y que sean materia de demandas de inconstitucionalidad el sentido real y correcto que deben tener dentro del marco de la Constitución. Por eso yo afirmo este día que no habrá posibilidad alguna de que, como consecuencia de una sentencia del Tribunal Constitucional, puedan salir a la calle a pasear libremente quienes han cometido graves hechos que atentan contra el Estado de derecho y que no debe haber ninguna duda acerca de que quienes, por disposición de la Corte de San José de Costa Rica —órgano supranacional—, deban pasar del fuero privativo militar al fuero del Poder Judicial, puedan ellos lograr la impunidad. Eso no va a ocurrir.

Como supremo intérprete de la Constitución, el Tribunal Constitucional sabrá guardar el respeto debido por los poderes públicos y por los órganos constitucionales. El Congreso nos ha elegido para estar en el Tribunal Constitucional, pero la votación que nos enaltece ha roto ya el cordón umbilical. Consecuentemente, nosotros seremos también guardianes de que las leyes estén dentro de la normatividad constitucional. En lo que se refiere al Poder Judicial, manifestamos que nosotros, respetuosos como somos del Estado de derecho, también vamos a juzgar fórmulas que permitan que las sentencias vinculantes del Tribunal Constitucional puedan ser conocidas y aplicadas por todos los estamentos del Poder Judicial. Debe haber una cercana vinculación entre el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional para que no existan discrepancias entre los fallos que emitimos y los fallos que eventualmente puedan emanar de los magistrados de las distintas instancias; trataremos de que no ocurra y, para ello, es menester que exista una vinculación cercana e inmediata.

Asimismo, manifestamos claramente que nosotros vamos a respetar las competencias de los otros órganos del Estado, especialmente las que se refieren al Consejo Nacional de la Magistratura y al Jurado Nacional de Elecciones, así como de los otros organismos creados por la Constitución o por las leyes de la República.

No obstante, esperamos que se entienda que los fallos que nosotros expedimos son vinculantes y obligatorios, y tienen las sentencias del Tribunal el mismo efecto que las leyes que emanan del Congreso de la República. Ellas son obligatorias; incluso, mientras que se pueden cuestionar en el Poder Judicial las leyes para determinar si son ajustadas o no a la Constitución, los fallos del Tribunal Constitucional son de obligatorio cumplimiento.

Hay tareas muy importantes que afrontar; el Congreso tiene entre su agenda la eventual aprobación de una nueva Constitución. Esperemos que el Congreso asuma esa función con patriotismo y con prontitud, porque la Constitución que aún rige en nuestro ámbito nacional no es precisamente un modelo de destreza jurídica y tampoco tiene un origen limpio, sino a la inversa. Esa Constitución emanó de un Congreso Constituyente democrático cuya mayoría fue elegida por una minoría de la población; esa Constitución fue aprobada el 31 de octubre de 1993 por un referéndum que se hizo sin garantías para la población, cuando la cúpula militar, hoy día fuera de circulación, tenía la posibilidad de torcer la facultad del pueblo peruano, al margen de que se dieron actas y se manipuló el sistema informático. Yo espero que esa Constitución esté a la altura de las expectativas del pueblo y que, en lo que se refiere al Tribunal, nos mantenga las atribuciones que ahora le reconoce la actual carta política y, eventualmente, las que han sido sugeridas en debates surgidos dentro de la Comisión de Bases de la Reforma de la Constitución, creada por el gobierno transitorio del Dr. Valentín Paniagua.

Hay muchas sugerencias que habría que tratar en la tarde de hoy. Había sido convocada esta juramentación para la mañana, pero, por razones que ustedes ya comprenden, hemos tenido que aplazar el evento algunos minutos con la finalidad de que el acto tenga toda la solemnidad que se requiere. Yo agradezco al presidente de la República, quien, haciendo un esfuerzo al margen de las cuestiones protocolares, haya venido al Tribunal para, junto con nosotros, estar presente en este acto solemne y presenciar el juramento del presidente y vicepresidente del Tribunal.

Agradezco esta deferencia del presidente de la República; él tiene la convicción de que el Tribunal es el supremo guardián de la Constitución y también debe saber que aquí no tenemos militancia partidaria. Esta es la razón por la cual hemos tenido que cumplir con la formalidad impuesta por la ley de cesar en la militancia que teníamos, quienes tenemos convicciones políticas y las defendemos como debe defenderse todo valor inherente a la persona humana.

Concluyo manifestando que el Tribunal requiere reajustes y yo también me sumo al agradecimiento que ha hecho el presidente Rey Terry al personal que nos apoya en esta delicada labor. Se requiere hacer reajustes que permitan al Tribunal cumplir su meta; así como el Congreso de la República estuvo manipulado durante la dictadura y la Corte Suprema fue un reducto de la corrupción, el Tribunal Constitucional no estuvo al margen tampoco de las maniobras de quienes, a espaldas del pueblo, mediante fraude, rigieron los destinos de la República durante 10 años. Habrá, en consecuencia, una reestructuración en el Tribunal Constitucional y habrá trabajo cada día para que este organismo pueda cumplir cabalmente con las expectativas que el pueblo ha depositado en quienes somos magistrados del Tribunal.

Para evitar que haya discrepancias en las decisiones que mediante sentencias adopta el Tribunal Constitucional con los fallos que emite el Poder Judicial y con los que producen también algunos organismos administrativos, hemos creado el Centro de Estudios Constitucionales, el cual tendrá por finalidad hacer la investigación jurídica más amplia y profunda para beneficio de los nuevos magistrados del Tribunal. Asimismo, servirá para que permita que se divulguen las sentencias, a fin de que todos los que son operadores del derecho las puedan aplicar. En ese órgano del Tribunal van a tener, naturalmente, una participación importante los integrantes del periodismo nacional; vamos a establecer seminarios para capacitar periodistas que tengan que divulgar las sentencias del Tribunal Constitucional y las del Poder Judicial.

A cargo de este Centro de Estudios Constitucionales, el Tribunal ha dispuesto que esté el exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, el magistrado Magdiel Gonzales Ojeda, quien va a contar con maestros tan distinguidos como los que integran este Tribunal —excepto yo en cuanto a ser magistrado y distinguido, pero sí en cuanto a colaborar— y de quienes, en las universidades, también nos pueden proporcionar sus conocimientos. Por eso, yo espero que a partir del día de hoy se inicie una fase nueva en la labor del Tribunal. En eso estoy seguro de que tendremos la colaboración de todos: de los periodistas, de los juristas, de los académicos y, naturalmente, del personal que, desde la segunda planta, nos está escuchando con alguna expectativa.

A todos les digo que les agradecemos la colaboración, pero les vamos a demandar más trabajo. Ese trabajo es en beneficio no de quienes somos los magistrados que también estamos dispuestos a trabajar intensamente, redobladamente para beneficiar al país. Asimismo, agradezco a quienes, dejando labores importantes en el Congreso, en el Poder Judicial y en otros organismos del Estado, han tenido la gentileza de venir el día de hoy a esta ceremonia, que ha sido en alguna medida alterada en lo adjetivo, pero que mantiene su esencia. Nosotros queremos estar siempre en contacto con la comunidad; somos un instrumento al servicio del país y, en eso, seremos, sin duda alguna, personas que no van a tener vacilación alguna en cuanto a cumplir sus deberes. A todos ustedes les agradezco su asistencia; confíen en quienes hoy día estamos encargados de regir el destino del Tribunal Constitucional.

No quiero terminar sin rendir homenaje a quienes fueron víctimas de la dictadura, a tres magistrados ejemplares: Manuel Aguirre Roca, Guillermo Rey Terry y Delia Revoredo Marsano. Los tres magistrados dieron ejemplo de entereza, de probidad y de valentía; sabían que se enfrentaban a una dictadura que no reparaba en medios. Fueron destituidos por esa cúpula que hoy en día es considerada ominosa, la cual condujo los destinos del Congreso de la Nación; sin embargo, la justicia ha llegado y desde hace dos años están reincorporados. Yo les digo a ellos que dieron una lección al país de lo que deben ser los magistrados cuando son honestos, cuando son íntegros; por eso, al rendirles homenaje, les expreso, y con eso termino, que el Tribunal ha acordado crear una Medalla de la Constitucionalidad para que sea entregada a quienes, no siendo miembros del Tribunal, se han distinguido en la defensa del Estado de derecho. Así pondremos de manifiesto ahora y en el futuro que el pueblo no olvida, que el pueblo es soberano y que el pueblo premia a quienes saben defender la Constitución, las leyes y la soberanía popular.

Muchas gracias.